¿La burocracia o burrocracia?

Cada país tiene su propia burocracia y ninguno se salva de las críticas. Formularios, colas, papeleo, trámites y fotocopias son los requisitos presentes en cualquiera institución pública o privada. Estos procedimientos, reglas y prácticas del influyen en gran medida sobre la capacidad institucional

¿La burocracia o burrocracia?

La burocracia es uno de los términos más usados. Los trámites eternos e inservibles, con resultados dudosos, revela la ineficiencia de la administración pública y también el pobre trabajo de empresas estatales y privadas. Es un mal que aqueja a la mayoría de los países y que se ha esparcido por todos los continentes.

Para comenzar una nueva empresa, por ejemplo, los países de América Latina y el Caribe requieren más procedimientos que en cualquier otra región del mundo. Además de los interminables trámites, se suma la necesidad de pasar por un notario primero y por un registro después, ¿Es comprensible este nivel de papeleo?

Cada país tiene su propia burocracia y ninguno se salva de las críticas. Formularios, colas, papeleo, trámites y fotocopias son los requisitos presentes en cualquiera institución pública o privada. Estos procedimientos, reglas y prácticas del influyen en gran medida sobre la capacidad institucional.

 


La burocracia en Argentina es un serio problema. En ese país, incluso con el gobierno de Mauricio Macri, se ha expandido la burocracia en el sector público. Esto significa que ahora se han multiplicado las trabas y le hacen perder al ciudadano una enorme cantidad de tiempo, tanto para pagar sus impuestos, como para abrir cualquier negocio.

Las cifras demuestran cuánta burocracia existe en Argentina: en los países de la OECD  el tiempo que utilizan los ciudadanos para completar los trámites del pago de impuestos equivale a 177 horas al año; mientras que en Argentina es de 405 horas al año. La situación es todavía peor en el interior del país, ya que el papeleo es todavía más engorroso, por causa de los trámites que generan los tres niveles de gobierno. Argentina tampoco ocupa un lugar importante dentro del ranking “Doing Business”, por las diferentes trabas que existen para hacer negocios allí.

Una de las causas del crecimiento de la burocracia en Argentina es el abultado tamaño del Estado, considerado el más grande de la región. Ni Macri ha logrado resolver eso. Los gastos administrativos del ejecutivo demandan más de 70% del presupuesto anual, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.

Bolivia

La burocracia afecta muchísimo a Bolivia. En ese país sudamericano existen 20 ministerios, aunque la administración central es apenas una parte del gran problema, ya que la burocracia afecta a los gobiernos municipales y departamentales, además de a la justicia, al Ministerio Público, al servicio exterior, a la Policía. La burocracia se ha extendido tanto que hasta el sector privado genera trámites innecesarios a sus clientes.

En las alcaldías, por ejemplo, la aprobación de nuevas construcciones, autorizaciones de restaurantes pueden tardar hasta varios meses.

Otro enorme dolor de cabeza para los bolivianos es el pago de impuestos. De acuerdo con el ranking “Paying Taxes 2018”, del Banco Mundial, Bolivia está considerado el peor país de Latinoamérica para completar un trámite. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el promedio regional para hacer un trámite es de 5,4 horas, mientras que el país más burocrático es Bolivia con 11,3 horas para completar un trámite. La dificultad es medible no solo en el total de horas invertidas, sino en la cantidad de requisitos, la obligatoriedad de que estén presentes las personas interesadas, continuos viajes a las oficinas, falta de información, altos costos. Por tanto, Bolivia también está reconocido como el peor país por el número de interacciones necesarias para completar un trámite.

Los datos muestran la profundidad del aparato burocrático: el trámite para registrar una propiedad en Bolivia tiene un costo total que asciende a casi cuatro veces el salario mínimo mensual del país.

Chile

Chile es uno de los países con mejor economía de Latinoamérica, pero la burocracia imperante en esa sociedad frena el desarrollo. Por ejemplo, el Estado gasta al año mil millones de dólares solo en papeleo. Un análisis realizado por el Ministerio de Hacienda demostró que el aparato gubernamental podría ahorrar la mitad de esa cifra si optara por modernizar la gestión documental y los trámites.

Según ese mismo estudio, los funcionarios del Estados dedicaban hasta el 50% de su tiempo en el procesamiento de documentos. Entre los gastos que podrían reducirse está el de los almacenamientos de los archivos físicos, ya que actualmente el gobierno gasta casi dos millones de dólares del dinero público para almacenar documentos en almacenes privados.

En la parte de los negocios, el Gobierno que lidera Sebastián Piñera ha lanzado varias iniciativas para agilizar los procesos y reducir las barreras para la inversión extranjera. El objetivo es reducir en seis meses los trámites de aprobación ambiental de los proyectos privados. Según el Ministerio de Economía, la obtención de permisos en la agencias de regulación medioambiental tardan en la actualidad, como promedio, 27 meses, pero los nuevos cambios legales reducirían el proceso a solo 21 meses.

Esta iniciativa también contiene la implantación de una plataforma de tramitación digital, la reducción de tiempos de aprobación de obras hidráulicas, así como que el servicio de evaluación ambiental funcione de ventanilla única de gestión para los proyectos.

Colombia

Colombia puede considerarse un campeón mundial en temas burocráticos. El propio Gobierno reconoce que la burocracia en la justicia le cuesta al país más de 32 billones de pesos colombianos anuales. Además, de acuerdo con un estudio de la firma Inrix, los colombianos pierden en promedio 48 horas al año en un trancón. A esto hay que añadirle las horas que invierten en los innumerables trámites y procedimientos para realizar cualquier actividad.

En Colombia existe un “Decreto Anti-trámites” que propuso suprimir aquellos procedimientos que suponían una carga excesiva e innecesaria para los ciudadanos. Según este Decreto, las autoridades debían proceder con austeridad y eficiencia para optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos y estableció la obligación de eliminar “toda complejidad innecesaria”. En realidad, ese Decreto no se aplica.

Otro problema es el tamaño del aparato administrativo del Gobierno. En la anterior presidencia, liderada por Juan Manuel Santos, hubo un notable aumento del total de funcionarios públicos. Por ejemplo, la planta de personal de la Presidencia de la República pasó de 535 cargos en 2010 a 1541 en 2015 y en las instituciones del sector agropecuario pasó de 7515 cargos en el año 2010 a 10112 en 2015. 

La burocracia afecta de manera gravísima la calidad de vida de los colombianos y la competitividad o el costo de hacer negocios en el país. Los datos hablan por sí solos: de acuerdo con el informe más reciente del Banco Mundial, Doing Business, Colombia ocupa la posición 96 en la categoría “Apertura de un negocio”, que evalúa el número de procedimientos, tiempo y costos para constituir y poner en funcionamiento una pequeña y mediana empresa. Mientras los países de la Ocde requieren, como promedio, cuatro procedimientos para constituir una empresa, en Colombia se necesitan ocho.

Costa Rica

Las enormes cargas burocráticas estatales han restado competitividad a Costa Rica, de acuerdo con un Reporte Global que ubicó a ese país en el puesto 60 del pilar denominado Instituciones. En este retroceso ha incidido la mayor carga regulatoria y la desconfianza en las entidades públicas.

Costa Rica sigue siendo considerado un líder latinoamericano en el ámbito de la innovación, pero con deficiencias en materia de infraestructura y confianza en las instituciones públicas. Ante las protestas del pueblo, agobiado por la burocracia, se aprobó la Ley 8220 de protección al ciudadano contra el exceso de requisitos y trámites administrativos. Esta normativa resulta de vital importancia para cualquier persona que realice un trámite ante alguna oficina de la Administración Pública, porque regula temas como la presentación única de documentos ante una misma entidad u órgano; la publicidad de los trámites; la obligación de la entidad u órgano de informar al administrado sobre el estado del trámite realizado; la obligación de la Administración de revisar la información presentada, y hacer las prevenciones correspondientes, en caso de ser necesario; el procedimiento a través del cual opera el silencio positivo.

Aunque la Ley 8220 recoge muchas de las preocupaciones de la ciudadanía, la realidad demuestra que la burocracia sigue entorpeciendo, con sus trámites, el desarrollo social. Esto puede verse en la construcción. De acuerdo con un estudio de la Cámara Costarricense de la Construcción, las construcciones privadas están tardando 7,4 meses de más y la vivienda social 13,4 meses adicionales. La participación de más de 20 instituciones en toda la cadena de permisos para consolidar un proyecto es la causa principal del enredo.

Las mayores trabas se presentan en las gestiones municipales y permisos ambientales. Para la economía representa un costo estimado hasta en un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuba

La burocracia es uno de los mayores problemas que padece Cuba. La enorme cantidad de trámites para realizar cualquier proceso irrita a los ciudadanos y empresarios foráneos y es caldo de cautivo para una galopante corrupción.

Las críticas por el exceso de circulares y de papeles sitúan al país frente a un círculo vicioso en el que no se resuelven los problemas y se supedita al ciudadano a todas las mediaciones y a procesos interminables.

El sistema cubano está excesivamente reglamentado, atiborrado de prohibiciones y limitaciones. Todo en nombre del control. No obstante, las autoridades dicen que están promoviendo el cambio. La Ministra de Justicia ha aseverado que se trabaja para agilizar diversos trámites jurídicos que consumen demasiado tiempo y recursos de la población, debido a la ineficacia de entidades y a la innecesaria solicitud de documentos.

Para frenar el incremento de las solicitudes de certificaciones que expide el Registro del Estado Civil, exigidas en procesos y trámites por las entidades estatales y funcionarios públicos, se creó la Ley del Registro del Estado Civil, que perfecciona la publicidad de los asientos registrales y el procedimiento para la subsanación de errores en estos.

En el tema de las inversiones extranjeras, el Gobierno cubano ha impulsado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel un nuevo sistema de “ventanilla única”, en el que los inversores foráneos pueden cumplimentar todos los trámites de su inversión; sin embargo, fuera del Mariel siguen las trabas y dilaciones de funcionarios que buscan, con la prolongación del proceso inversionista, recibir dinero extra de los empresarios.

Ecuador

Ecuador padece el mismo mal que la gran mayoría de los países latinoamericanos: un enorme aparato gubernamental que recibe millonarias remuneraciones del dinero público y que amplía el alcance de la burocracia. De acuerdo con el ministro ecuatoriano de Finanzas, el Gobierno de Lenín Moreno destina unos 10 000 millones de dólares anuales al pago de sueldos y salarios en la burocracia.

El diario Expreso realizó una investigación que refleja que el costo de mantener a 78 762 burócratas durante un año es casi lo mismo que gasta Ecuador en médicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el que tiene más empleados con 10 377 que provocan un gasto anual de 129,1 millones de dólares. Junto a Interior (3830 funcionarios), Justicia (3239), Transporte y Obras Públicas (2172) y Relaciones Exteriores (1898) concentran hasta 21516 burócratas que obtienen 343,2 millones de dólares al año.

La tramitología afecta notablemente a la economía ecuatoriana. En la actualidad, ese país ocupa el lugar 114 entre 190 naciones en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios que elabora el Banco Mundial. La causa de esta pobre posición en el listado está en la excesiva cantidad de trámites que enfrentan las empresas para complementar cualquier tarea, desde abrir un negocio hasta obtener permisos, créditos o registrar propiedades. Tanta demora daña a la economía nacional, porque genera menos inversión y crecimiento y disminuye así la posibilidad de que los ecuatorianos consigan empleos de calidad.

El Salvador

La burocracia, junto al crimen y la corrupción han convertido a El Salvador en el peor país de Centroamérica en términos de competencia económica.

Para tratar de aliviar el enorme peso de la burocracia, la Asamblea legislativa salvadoreña aprobó la Ley para la eliminación de barreras burocráticas, un instrumento que debe incidir en que la administración pública ofrezca servicios de calidad y eficiencia al ciudadano, así como para mejorar el clima de negocios.

Mediante la Ley se estableció un Tribunal de Eliminación de Barreras Democráticas (TEBB) que tiene, entre sus diversas funciones, controlar que las instituciones del Estado no pidan más exigencias o requisitos de las establecidas en la ley. De acuerdo a la normativa, el TEBB cuenta con cinco días para la admisión de las denuncias que interpongan los ciudadanos o empresarios que se sientan agraviados por la burocracia en los trámites que realicen en una entidad del Estado.

Si el TEBB comprueba los incumplimientos en los procesos, las multas serán desde cinco hasta 20 salarios mínimos mensuales del sector industria para la institución.

España

La elevada tasa de desempleo, la escasa productividad y la elevada deuda pública son problemas que España necesita resolver. La burocracia estatal es el principal freno para la iniciativa privada, y que esta ha crecido precisamente durante la crisis y la caída de las subvenciones.

Una gran parte de estos problemas están relacionados con un excesivo gasto público y con la existencia de una muy compleja regulación, cuya aplicación frena la capacidad de las empresas españolas para generar riqueza y empleo. El elevado número de leyes aprobadas y los boletines oficiales publicados permiten comprender cuán complejo es el escenario burocrático al que se enfrentan diariamente los españoles, especialmente los autónomos y empresarios.

España ha aprobado un total de 41 336 normas estatales entre 1970 y 2016, a un ritmo medio de 900 leyes al año, y esta cifra ilustra el denso marco normativo que sufre el país, lo cual, entre otros efectos, produce graves distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

El estudio Hiscox ADN del Emprendedor mostró una realidad desoladora: un empresario español dedica cuatro horas y treinta y cinco minutos de media a gestionar los trámites burocráticos cada semana. Este proceso es más largo que en Holanda, dos horas y cuarenta minutos, que en Reino Unido, dos horas y treinta y cinco minutos, y que en EEUU, dos horas y cuarenta y tres minutos.

De acuerdo con este estudio, el tiempo que ocupa la burocracia en España solo es superado por el que dedican los empresarios franceses, cuatro horas y treinta y seis minutos, un minuto más que en España.

Guatemala

Guatemala es uno de los países latinoamericanos más golpeado por la corrupción. Un gran aparato gubernamental se ha encargado de ampliar los alcances de la burocracia y a día de hoy casi el 70% del presupuesto público se dedica a gastos de funcionamiento de esa gran burocracia.

Además, el clima para hacer negocios en Guatemala se encuentra en su peor momento, por causa de los excesivos trámites que dificultan a los inversores lanzar un negocio en ese país centroamericano. De acuerdo con el ranking “Doing Business”, Guatemala ocupa el lugar 97 entre 190 economías. 

Una de las causas que pudo provocar el fuerte retroceso de Guatemala fue la decisión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de ampliar la clasificación de proyectos que requieren un estudio de impacto ambiental formal, por lo que el proceso se hizo todavía más costoso.

No obstante, el Gobierno ha lanzado algunas iniciativas como fue la reforma al Código de Comercio que permitirá abrir una empresa en tres días hábiles, mientras que antes esto tardaba hasta un mes. 

Guinea Bissau

Guinea Bissau es un país con enormes recursos naturales en materia energética, forestal, agroalimentaria y metalífera; pero la inestabilidad política en la que ha vivido y la excesiva burocracia imperante han incidido en que algunos inversores extranjeros busquen otras opciones.

Las autoridades de Guinea Bissau han comprendido cuán importante son los planes de inversión extranjera, por lo que han aumentado en los últimos tiempos los incentivos fiscales, recogidos en el Código de Inversión. Gracias a estas medidas legales y a un clima de negocios más estable, con menos trámites para invertir ha mejorado la percepción global sobre el país africano; aunque de cualquier forma el aparato burocrático gubernamental continúa imponiendo trabas al desarrollo.

Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial es uno de los países africanos más pequeños, conformado por siete provincias, Malabo es la ciudad capital y su economía depende en gran medida de la extracción de petróleo. Solo otros dos países del continente producen más crudo que Guinea Ecuatorial: Nigeria y Angola.

Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia de España 51 años atrás, en 1968. Desde 1979 el país es gobernado por Teodoro Obiang y su actual vicepresidente, Teodorín Nguema Obiang fue condenado en París a una pena suspendida de tres años de cárcel por corrupción.

Las casi cuatro décadas en el poder de una misma persona han incidido en la consolidación de una estructura burocrática donde hay poco espacio para las libertades individuales y escasas garantías jurídicas; además, el clima de negocios no es el más propicio y la caída en los precios del petróleo ha provocado una recesión económica en el país, donde viven poco más de 1,2 millones de personas.

Honduras

Honduras atraviesa una complejísima situación económica, política y social. La insuficiente generación de empleo, los bajos salarios, el creciente costo de la canasta básica, la devaluación permanente de la moneda y el aumento de los combustibles provocan graves daños a muchas familias. Otro problema que parece difícil de resolver es la enorme burocracia que se ha reforzado con el actual gobierno.

Día tras día, los hondureños encuentran todo tipo de trabas en oficinas como el SAR, ARSA, DECA, Instituto de la Propiedad, RNP, ENEE, SANAA, Seguro Social, alcaldía municipal. Estas instancias deberían resolver ágilmente los simples trámites o demandas ciudadanas, pero la realidad demuestra que no sucede así.

Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, para sacar una licencia de conducir solo es necesario ir a una oficina, identificarse, solicitar un turno (lo cual puede hacerse por teléfono o Internet) y completar el examen teórico y práctico, inmediatamente allí mismo te hacen el examen de la vista y en el momento tienes la licencia por 5 años. El costo de la misma es la mitad de lo que se exige en Honduras, y todo es cuestión de horas; mientras que en Honduras se paga aparte el trámite médico y después, según el tiempo de validez de la licencia, será el precio.

En Honduras, para realizar cualquier trámite es imprescindible ir de un sitio a otro, tanto para hacer un trámite migratorio, de construcción o formar una empresa. Estos mismos problemas se resuelven en otros países a través de una llamada telefónica o de un sitio web; pero en Honduras el ciudadano está obligado a pasar por diferentes oficinas para completar su solicitud.

México

La burocracia cada vez es más fuerte en México, un país que en diez años incrementó hasta en un 30% el total de trabajadores del gobierno federal; además, también creció el total de instituciones, dentro de la Administración Pública Federal hasta sobrepasar las 320.

Vicios como el amiguismo y el compadrazgo se han combinado para inflar la nómina de todo el aparato burocrático en las cúpulas de las dependencias, principalmente en el número de trabajadores de honorarios o de confianza. Además, creció la corrupción con el aumento de los trámites en procesos judiciales, laborales y mercantiles.

En México existen cerca de 150 mil regulaciones vigentes y más de 130 mil trámites en los tres niveles de gobierno. Ante esta compleja situación, se aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria que propone coordinar la política nacional para facilitar la tramitología en todo el país. La Ley contempla la publicación de un catálogo nacional de trámites disponible en internet y ninguna autoridad podrá exigir un trámite que no esté previamente registrado en el mismo.

Ahora, si alguna instancia pública quiere agregar un trámite tendrá que solicitarlo al Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a la Comisión Nacional, para que lo inscriba y este ente considerará si es realmente necesario y si facilita al usuario la realización de dicho trámite. Hasta que no esté inscrito, no podrá exigirse.

Nicaragua

Nicaragua tiene un exceso de burocracia que provoca molestias en la ciudadanía y golpea a la economía.

En la economía, por ejemplo, Nicaragua exige que para realizar importaciones y exportaciones se presente un documento que acredite la solvencia fiscal de la empresa. Ese documento tenía en un principio una validez de 15 días que posteriormente se extendieron a 30, pero importadores y exportadores creen que sigue siendo una traba. Ningún otro país en Centroamérica exige el requisito de la presentación de un documento que acredite la solvencia fiscal. Esto implica una pérdida de competitividad para Nicaragua al tardarse una media de 11 días en la solicitud y obtención de los documentos que son necesarios para poder llevar a cabo importaciones por vía marítima.

Los empresarios nicaragüenses han advertido que la burocracia estatal alienta a los inversionistas y a los empresarios a buscar alternativas al margen de la ley, para obtener permisos, licencias o avales. Esta lentitud en los trámites impulsa a los empresarios a entrar en esquemas de pagos por permisos, licencias, avales, lo cual incrementa la corrupción en el país.

Para erradicar estas prácticas dañinas es necesario sistematizar los trámites que las empresas deben realizar ante las instituciones.

En 2018, en medio de fortísimas tensiones sociales, el Gobierno automatizó 106 servicios de 14 instituciones y esto facilitó un poco la vida a las personas que pudieron cumplir trámites de rigor a través de Internet. Entre los trámites habilitados estaban algunos relacionados con migración, otros con los permisos de conducir o pagos de impuestos.

Panamá

El ineficiente aparato gubernamental ha incidido en el aumento de la corrupción en Panamá, donde hasta un 38% de los empresarios encuestados por la organización Transparencia Internacional aseguró que había pagado por obtener un documento personal o cualquier otro trámite. Este mismo estudio reveló que casi el 60% de los panameños consideraba que su Gobierno no hacía nada para impedir la corrupción.

El exceso de trámites causa enormes molestias a los ciudadanos panameños. Esto puede demostrarse a través de múltiples ejemplos. Cuando el panameño acude a la Caja de Seguro Social a buscar una medicina, una cita médica, un examen de laboratorio o de cualquier otro tipo chocará con la dura realidad de comprobar que si no paga o tiene alguien adentro que lo ayude le será muy complicado obtener atención inmediata.

Sucede lo mismo con los empresarios. En la construcción el que busca desarrollar cualquier tipo de proyecto, tanto comercial como habitacional, enfrentará una serie de obstáculos desde que solicita la aprobación de los planos hasta que obtiene el permiso final de ocupación. En este intermedio deberá gestionar aprobaciones en 19 instituciones y pasar por 120 trámites, muchos de ellos duplicados. Ante el temor de perder demasiado tiempo de trámite en trámite, entonces en no pocas ocasiones ese empresario se ve obligado a pagar sobornos.

Las madres suelen esperar meses y años para lograr que les paguen su licencia de maternidad a la que tienen derecho luego años de pagar puntualmente su cuota obrera patronal. La culpa de toda esta lentitud es del Gobierno que no ha logrado controlar a sus servidores públicos. Estas fallas en la administración pública frenan el desarrollo y progreso de Panamá.

Paraguay

La burocracia paraguaya tiene dos características muy evidentes: su enormidad cuantitativa y su ineficiencia. La superpoblación burocrática es extraordinaria. El Estado introdujo 80 000 nuevos empleados entre 2003 y 2013, pero la situación ha seguido empeorando en el Gobierno de Horacio Cartes.

La larga burocracia por la que deben pasar los emprendedores para crear y formalizar sus empresas en Paraguay es uno de los mayores impedimentos al desarrollo de ese país sudamericano. Puede que sea la falta de tiempo o de personal, pero lo cierto es que los interminables trámites impiden que muchos negocios no logren formalizarse. Ni siquiera la aplicación de un sistema de “ventanilla única empresarial” garantiza que las ideas de los emprendedores lleguen a concretarse.

En Paraguay se aplica el SUACE (Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas), que integra los formularios y la información de seis entidades con el objetivo de minimizar los pasos necesarios para abrir una empresa. Incluso con el SUACE en funcionamiento, el emprendedor debe realizar 14 pasos, lo cual incluye la presentación de 11 documentos y la contratación de un escribano y un contador.

Desde despachantes de aduanas, escribanos pasando por permisos, habilitaciones, regulaciones y procedimientos representan frenos al movimiento emprendedor y a la actividad económica.  

El promedio de duración de la incorporación legal necesaria para completar un procedimiento mínimo establecido por Paraguay es de 35 días por encima de la media en Latinoamérica.

Con un Gobierno inútil, carísimo y desorientado, las perspectivas de progreso de la sociedad paraguaya parecen cada vez más lejanas.

Perú

Perú está considerado como uno de los ocho países con mayor carga burocrática del mundo y esto representa un grave obstáculo para la ciudadanía y los empresarios y frena el desarrollo económico y social de la nación.

Las cifras son contundentes: Perú tiene un 30% más de carga burocrática que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tiene la menor calidad regulatoria entre todos los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y de la Alianza del Pacífico.

Perú es el país de la Alianza del Pacífico en el que un emprendedor tarda más tiempo para culminar un proceso de apertura de negocio, edificación de planta, pago de impuestos y operaciones de exportación e importación, con 263 días en total, un 41% mayor que el promedio de la OCDE. Otros datos: el plazo para abrir una empresa es de 26 días, más del triple que el promedio OCDE y obtener una licencia de edificación tarda 174 días, más del doble que Colombia y México.

La carga burocrática en Perú ha crecido por dos razones: la existencia de excesivas normativas legales y la ineficiente gestión pública en la atención de trámites que provoca incumplimientos de plazos legales en los procedimientos que evalúa.

Puerto Rico

Los puertorriqueños han sentido muy de cerca cuán complicada y peligrosa es la burocracia allí. Tras la devastación causada por el huracán María, en 2017, la pobre gestión pública y el exceso de trámites burocráticos ha impedido la total recuperación de la isla.

La burocracia rampante de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) impidió una mayor rapidez en los esfuerzos recuperativos. A esto se unió la insuficiencia de las acciones del gobierno y su falta de liquidez para paliar la emergencia.

A pesar de los obstáculos que impone la burocracia gubernamental, mujeres emprendedoras luchan para desarrollar sus pequeños negocios. Las barreras principales están en la permisología, en especial en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Además, muchas veces ellas tienen que perder varios días de trabajo para buscar permisos y realizar otras gestiones gubernamentales en agencias en las que ha encontrado empleados que desconocen regulaciones o que se contradicen en la información que dan al público.

República Dominicana

La lentitud y gran cantidad de procesos burocráticos en República Dominicana perjudican la imagen del país y provocan decepción tanto en la ciudadanía como en los inversores extranjeros.

Ese país está considerado como el Estado más burocratizado de Centroamérica y el Caribe, ya que la administración pública está compuesta nada menos que por 366 instituciones entre centralizadas y descentralizadas, varias de las cuales conviven con funciones duplicadas, mientras otras son totalmente obsoletas. Entre las instituciones centralizadas aparecen 23 ministerios y 42 viceministerios.

La amplitud del aparato gubernamental puede verse, por ejemplo, en el tema de la niñez y adolescencia, ya que allí existe el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional de Estancias Infantiles (Condei) y la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS).

República Dominicana es el único país que tiene en el sector aeronáutico tres instituciones: la Junta de Aviación Civil (JAC), el Departamento Aeroportuario y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Uruguay

Uruguay ha tratado de eliminar la etiqueta de país abrumadoramente burocrático, aunque la realidad es que el exceso de trámites y un gran aparato gubernamental continúan frenando el desarrollo de esa nación sudamericana.

Los gobiernos del Frente Amplio han llevado la cifra de empleados públicos a los máximos niveles en la historia uruguaya. Cuando Tabaré Vázquez asumió por primera vez, el Estado tenía algo menos de 230 mil funcionarios. Al final del gobierno de Mujica la cifra casi llegaba a 300 mil.

Hoy, Uruguay tiene un problema de competitividad, por los altos costos y la gran cantidad de trámites que deben realizar los emprendedores para formar una empresa. El clima de negocios puede haber mejorado, pero lo cierto es que el país no sale de los puestos 80-90 del ranking anual de “Haciendo negocios”, que analiza las economías de 189 países.

Una de las explicaciones para que Uruguay no termine de despegar económicamente es la complicada burocracia estatal en no pocos procedimientos. Otro elemento es el de los elevados costos y un tercero es la falta de modernización en prácticas del Estado.

Los peores indicadores de Uruguay están en el manejo de los permisos de construcción, donde el país está situado en el lugar 160 del mundo, ya que se aplican 21 procedimientos y el proceso tarda 251 días. El procedimiento burocrático que más demora en Uruguay es pedir y obtener un reporte de riesgo de incendio de la Dirección Nacional de Bomberos, ya que esto demora 90 días; mientras que pedir y obtener una inspección de la Dirección Nacional de Bomberos tarda 87 días.

Venezuela

Venezuela está considerado el país más burocrático y corrupto de Latinoamérica. La inflación galopante, el desabastecimiento de los mercados, los constantes cortes eléctricos y un enorme aparato gubernamental hacen prácticamente ingobernable a esa nación.

En Venezuela existen nada menos que 33 ministerios. Entre 2014 y 2018, el presidente Nicolás Maduro creó 19 ministerios, de los cuales fueron disueltos cuatro, que a su vez se transformaron en otras cuatro carteras. El mandatario fusionó cinco ministerios y eliminó definitivamente otros ocho, entre ellos, dos ministerios de Estado.

Es una realidad que mientras más ministerios, viceministerios y cargos públicos existen se genera mayor costo al Estado, mayor burocracia y, por tanto, se duplican las complicaciones en cualquiera de las operaciones.

De acuerdo con la consultora ODH, trabajan en Venezuela 2 527 771 empleados públicos, lo que representaba 17,42% de la población laboral activa para entonces y el doble de la que trabajaba para el Gobierno en 1999.

Además de los 33 ministerios, el gabinete del Ejecutivo nacional comprende un ministerio de Estado (Nueva Frontera de Paz), siete vicepresidencias sectoriales y una vicepresidencia ejecutiva, en total 42 órganos, sin contar los viceministerios

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